Hemos denunciado el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Barcelona de las leyes de accesibilidad y transporte, con la consecuente discriminación a las personas con discapacidad, vulnerando los derechos fundamentales de este colectivo. Nuestra Fundación lucha justamente para cuidar los derechos de las personas con discapacidad, para que éstos tengan el mismo lugar como ciudadanos. Por esa razón, hemos procedido a denunciar al ayuntamiento de Barcelona hace aproximadamente un mes, y aún no hemos recibido ninguna respuesta.
Según el relevamiento realizado por nuestro equipo, se necesitan 50 millones de Euros para realizar las adaptaciones arquitectónicas necesarias en nuestra ciudad. De esta manera, se podría cumplir con el cupo de taxis adaptados que marca la ley, como así también con los ascensores en las estaciones del Metro y con las rampas de los autobuses (ya que hemos identificado que, en algunos casos, las rampas de las nuevas unidades que salen a la calle cumplen menos su función que la de los autobuses que ya tienen unos años).
Esta cifra puede parecer una enormidad por sí sola, pero al contrastarla con otras erogaciones que efectúa nuestra Ciudad, el cumplimiento de la ley de Accesibilidad no debería ser un problema mayor. Por ejemplo, se han proyectado 112 millones de Euros de gasto, para la realización de un parque de Servicios en la zona de Magoria. Por menos del 50% de ese valor podría saldarse una deuda que el ayuntamiento tiene con los más de 134 mil discapacitados que viven en nuestra ciudad.
Antes de iniciar el proceso de denuncia ante la Fiscalía, hemos puesto en conocimiento de esta denuncia a la Síndica de Greuges de Barcelona, al Sindic de Greuges de Calaunya, al Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, al Defensor del Pueblo, al Departamento de Treball y al European Disability Forum, entre otros.
Comentario del Presidente de Disgrup: Es muy triste y decepcionante como las administraciones que en teoría tienen que velar por tu integración y por tus derechos, omitan las leyes que permiten la integración plena del discapacitado en la sociedad. Y mientras tanto, gastan dinero público en medidas electoralistas.